El JNE evaluará el 3 de febrero el caso de vacancia contra el alcalde Salvador Apaza por nepotismo, en medio de descontento social y tensiones políticas.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha programado para el próximo lunes 3 de febrero de 2025 la audiencia de apelación por la solicitud de vacancia contra Salvador Apaza Flores, alcalde provincial de Azángaro. Según la notificación electrónica N.º 572-2025-JNE, la sesión, que inicia a las 9 a. m., busca resolver acusaciones de nepotismo que han mantenido en vilo a la población por casi diez meses. Esta audiencia decisiva para alcalde será clave para determinar el destino político de Salvador Apaza.
Desde el inicio de este proceso, las repetidas dilaciones legales han generado frustración en la ciudadanía. Según críticos, el alcalde ha utilizado maniobras conocidas como "leguleyadas" para prolongar el conflicto y aferrarse al cargo a pesar de las serias acusaciones. Este caso pone de manifiesto las debilidades del sistema político local y cómo estas afectan la gobernabilidad.
Malestar social ante falta de transparencia
En Azángaro, el descontento popular sigue creciendo. Muchos vecinos han manifestado su indignación ante la falta de ética y transparencia en la gestión de Salvador Apaza. Para la población, esta audiencia decisiva para alcalde no solo evaluará las acciones del burgomaestre, sino también la capacidad de las instituciones democráticas para combatir prácticas como el nepotismo.
Mientras tanto, las disputas políticas han retrasado el desarrollo de la provincia, dejando necesidades urgentes sin atender. Por ello, la audiencia del 3 de febrero es vista como un punto de inflexión, no solo para Azángaro, sino también para la justicia electoral en casos similares.
Un precedente en la lucha contra la corrupción
La audiencia decisiva para alcalde Salvador Apaza representa una oportunidad para reforzar la confianza en las instituciones democráticas de Perú. Los ciudadanos esperan que este caso marque un precedente en la lucha contra la corrupción y fomente una política más ética y comprometida. Sin embargo, aún queda pendiente fortalecer el sistema político para evitar que conflictos prolongados sigan afectando a las comunidades.
